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¿Conocen el riesgo que están asumiendo los propietarios o compradores de residencias contiguas a la costa?

Las agencias encargadas de la permisología en la Isla continúan otorgando permisos cerca de la orilla sin importar los efectos negativos a las costas, indicó el oceanógrafo de Sea Grant, Aurelio Mercado. (Suministrada)

Por Marian González

Luego de reflexionar sobre el manejo de las costas en Puerto Rico, los invito hoy a repasar la forma en que las actividades humanas en el litoral nos impactan y las consecuencias ineludibles que conllevan. Es importante notar cómo, a pesar del estado de derecho vigente, vemos la diferencia en su implantación en los diversos lugares observados y la falta de fiscalización de las agencias con el deber ministerial de proteger este recurso tan importante para nuestra economía, salud, seguridad y disfrute.

Según el oceanógrafo de Sea Grant Aurelio Mercado, las agencias encargadas de la llamada permisología en la Isla siguen otorgando permisos cerca de la orilla sin importarles las consecuencias dañinas que esto traerá a la playa que está situada entre el edificio a construirse y la orilla, lo que es obviamente una violación a lo explícitamente expresado en el artículo V de nuestra Constitución.

Gran parte de las incongruencias que encontramos en la implementación de los estatutos relacionados al manejo de las playas surgen a raíz de una enmienda que sufrió el Reglamento 4 de la Junta de Planificación en 2000. La Sección 85.07 del reglamento mencionado dice:

“En todo proyecto para la construcción de edificios, de lotificación o de urbanizaciones de terrenos, con frente a la costa o playas de Puerto Rico, con un fondo de la finca principal mayor de 100 metros se requerirá la dedicación, para uso público, de una faja de terrenos de veinte metros de ancho mínimo, paralela y medida desde la zona marítimo-terrestre. Además, no se regirán estructuras permanentes en una faja de terreno de treinta metros de ancho, contigua a la anterior. Esta franja se podrá utilizar para estacionamiento, áreas recreativas, calle y demás usos que no requieran estructuras”.

Y prosigue Mercado: “En la Isla se continúan minando las dunas costeras, dejando a su paso agujeros que, si acaso se rellenan, forman a su vez lodazales cuando llueve. De esta forma se está eliminando la fuente de arena que realimenta nuestras playas después de los eventos de tormenta, y que impide las inundaciones costeras. En ocasiones las marejadas sobrepasan lo poco que queda de estas dunas, e inundan entonces grandes extensiones tierra adentro”.

Al proponer una nueva Ley de Costas que incluya una definición clara e inequívoca de la ZMT, debemos tomar en consideración los factores físicos que afectan nuestras playas. Las tormentas y otros eventos marinos hacen que el mar se acerque a tierra con una fuerza avasalladora capaz de arrasar con estructuras a diestra y siniestra. La energía del mar es superior en muchas órdenes al ímpetu del viento. De hecho, las olas tienen 9,000 veces más energía que el vendaval de un huracán y disipan decenas de toneladas de presión por metro cuadrado de costa por segundo.

Los arrecifes, las dunas y más adelante los mangles constituyen las primeras líneas de defensa que tenemos contra esa gran fuerza que se acerca a la costa. Sirven como obstáculos que pueden disipar en algún grado el impacto de la potencia que trae el agua.

Si el mar choca directamente con paredes y estructuras, sin barreras que lo disipen antes, su golpe será mucho mayor. Los mangles, dunas y arrecifes amortiguan ese golpe en algún grado. Cuando tenemos huracanes, las olas pasan por encima de estas barreras terminando finalmente en tierra. Lo podemos comparar con el impacto del viento huracanado, que al tocar tierra disminuye su fuerza y por ende la magnitud del evento atmosférico. De aquí la importancia crucial de proteger los mangles, las dunas y los arrecifes. Todos están amenazados por la actividad humana y de forma particular por la construcción cercana a la costa.

Es también importante que tomemos en cuenta el impacto que la construcción en las costas tiene sobre la inversión y el capital de los ciudadanos. Muchas veces los inmuebles costeros se aseguran en su etapa de construcción pero, luego de vendidas las unidades, el seguro termina. En otras palabras, se asegura al desarrollador y su proyecto, y no al eventual comprador.

Cuando un ciudadano adquiere una vivienda en la costa, tiene entonces que buscar su propia casa aseguradora. Muchas veces se dificulta conseguir una entidad que garantice la propiedad. En otras ocasiones las primas resultan altísimas. A veces las casas aseguradoras dispuestas a cubrir propiedades en estos lugares quedan fuera de la reglamentación de Puerto Rico. Esto pone en riesgo la capacidad de que respondan al momento de un evento catastrófico, ya que nuestro gobierno no puede ofrecer garantías sobre algo que queda fuera de su jurisdicción.

Los propietarios o los que desean convertirse en propietarios de primeras o segundas residencias contiguas a la costa y más aún en la ZMT, ¿conocen el riesgo que están asumiendo? De ser así, francamente no entiendo si resulta esto un acto de intrepidez o de irresponsabilidad. Me pregunto de quién es la responsabilidad de advertir sobre este riesgo a la vida y a la propiedad. ¿Del gobierno? ¿Del desarrollador? ¿Del banco?

Necesitamos una Junta de Playas con los poderes y la voluntad necesarios para proteger nuestra costa. La Ley de Costas debe aclarar y dilucidar gran parte de las controversias que día a día surgen en el manejo de tan importantes recursos. Es hora de que el gobierno, la empresa privada y la ciudadanía defendamos y protejamos uno de nuestros recursos más valiosos. ¿Qué esperamos?

La cartilla sobre la ZMT estará disponible para la venta en el programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez.

Via El Nuevo Día