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El DRNA advertirá y cobrará impuestos a proyectos costeros.

Por Marga Parés Arroyo / mpares@elnuevodia.com

Aun cuando las fuertes olas fueron un aviso de la vulnerabilidad de las estructuras ubicadas en las costas, el DRNA no cambiará al deslinde de la zona marítimo terrestre. Jorge A Ramirez Portela

El fuerte oleaje que arremetió contra las costas del país la semana pasada llegó y se fue paulatinamente, pero trajo un nuevo sistema de advertencias que alertará hasta dónde podría entrar el mar en ciertos eventos naturales.

Así lo anticipó ayer el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Javier Vélez Arocho, quien también baraja la posibilidad de cobrar una especie de impuesto a las estructuras edificadas en la zona marítimo terrestre que no estén justificadas por ser un bien público.

“Esto no es un evento ordinario, sino uno que demuestra que el mar tiene mucha fuerza y puede entrar bastante adentro”, dijo el titular.

Vélez Arocho había anunciado que una brigada de la agencia retrataría algunas de las áreas más impactadas para captar hasta dónde habían penetrado las olas. Había anticipado que la información se utilizaría de criterio futuro en el otorgamiento de endosos de construcción.

Ayer especificó que sólo se advertiría a solicitantes de endosos de construcción de hasta dónde podría alcanzar el oleaje en ciertos eventos.

“El Departamento (de Recursos Naturales) va a usarla para ver si se hace el deslinde con unas advertencias”, dijo al aclarar que esto no implicaría un cambio en el deslinde de la zona marítimo terrestre.

Mencionó que aunque amerita que se clarifique el alcance de la zona marítimo terrestre y se modifique la ley existente (basada en la antigua Ley de Puertos de 1866) no apoya la propuesta legislativa de crear la Ley de la Zona Costera de Puerto Rico. Dijo que sólo avalaría una ley “sencilla y clara” que defina la zona marítimo terrestre a 50, 75 ó 100 metros tierra adentro.

“Hay oportunidad de un buen proyecto de ley que tome en consideración la parte ambiental, los derechos de los dueños de terrenos y que le genere movimiento económico a la agencia”, dijo al explicar que este dinero podría usarse para renovar equipo de la agencia.

Explicó que el DRNA podría cobrarle gravámenes a estructuras dentro de la zona marítimo terrestre, “por esa concesión pública” siempre y cuando no estén justificados como un bien público como, por ejemplo, un puente.

Tanto Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, como Jéssica Rodríguez, abogada ambientalista, coincidieron en que el fuerte oleaje de la semana pasada representa un aviso de la vulnerabilidad de las costas a eventos de la naturaleza similares o mayores.

“El mar le definió al estado hasta donde es capaz de llegar”, dijo Rodríguez mientras Aurelio Mercado, oceanógrafo y experto en riesgos costeros, lamentó que no se tome en consideración tal evento para cambiar el deslinde de la zona marítimo terrestre.

Por su parte Rafael Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, criticó las advertencias que hará el DRNA sobre los deslindes ya que entiende que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya alerta sobre los peligros de construir en determinadas áreas.

“Lo que hay que hacer es fiscalizar las construcciones ilegales que son las que causan problemas”, manifestó.

Vía El Nuevo Día