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Por: Ileanexis Vera Rosado

Durante el 1er. Foro de Oportunidades, convocado por la Oficina de Desarrollo para el Centro Urbano Tradicional del Municipio Autónomo de Caguas, varios deponentes presentaron las iniciativas necesarias para revitalizar los centros urbanos. Actualmente, los municipios de Puerto Rico le cuestan al Gobierno y a la sociedad alrededor de $3 billones anuales.

El economista Gustavo Vélez indicó que a casi dos décadas de la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, todavía una gran cantidad de municipios exhiben un alto grado de vulnerabilidad fiscal y económica. Mucho de esto responde a la pérdida de actividad económica y la erosión en la base de recaudos fiscales municipales, producto del desparrame urbano. Entre 2000 y 2007, el fondo general aportó más de $2.8 billones a los municipios.

Según un estudios realizado por la Firma de Estudios Técnicos y la Escuela de Ciencias Ambientales, el costo del desparrame urbano anualmente asciende a $1.7 billones recurrentes, y $920 millones no recurrentes. Según se desprende del estudio, los costos por el uso de automóviles asciende a $393 millones, por tiempo perdido en tapone $216 millones, por accidentes $4.5 millones, infraestructura $524 millones, conservación agrícola $74 millones, infraestructura eléctrica $417 millones, espacio escénico $50 millones, infraestructura vial $392 millones y tendido eléctrico $232 millones.

Ante esta realidad, Vélez indicó que es necesario que el estado ensaye diversas iniciativas de política pública que detengan el desparrame urbano y potencien el desarrollo económico de estos centros. Entre las principales mencionó: infraestructura, población, comercio, inversión y vivienda.

En el área de la infraestructura, una de las debilidades más grandes de los municipios para desarrollar nuevos proyectos, el economista propone desarrollar consorcios público-privados de inversión en infraestructura en los centros urbanos y que se enmiende la Ley 212 para promover créditos contributivos por la inversión en infraestructura necesaria para proyectos estratégicos.

En el área poblacional, propuso un programa de incentivos contributivos para proveer un trato contributivo preferencial a aquellas personas que residan en los centros urbanos. La propuesta incluye una tasa preferencial de 10% del ingreso bruto tributable a cualquier ciudadano que al rendir su planilla lleve residiendo al menos 24 meses en un centro urbano, teniendo un límite de que el costo fiscal de la propuesta no puede exceder el 15% de la aportación anual de los contribuyentes en cada municipio al fisco.

En términos de comercio, propuso revitalizar el comercio y traer nuevos establecimientos a través de exención total por el pago de propiedad mueble y zonas libreas del Impuesto de Venta y Uso por un periodo de tiempo determinado.

En torno a la inversión, Vélez sostuvo que la Ley 212 es una que requiere de un apolítica pública entre los municipios y el gobierno central para poder desarrollar los proyectos que en efecto pueden tener un verdadero impacto de los municipios. Agregó que es vital el desarrollo de vivienda, estacionamientos, proyectos multiusos e infraestructura para poder generar los efectos económicos que tienen el efecto multiplicador necesario para compensar la pérdida fiscal y generar la riqueza necesaria.

La rehabilitación y desarrollo de viviendas en los centros urbanos fue expuesta como una alternativa viable y deseable a tono con una política de incentivos. A tales efecto propuso que se provea una tasa contributiva especial por el ingreso de proyectos de interés social, segmento que más necesidad demuestra.

Para Vélez, poner en vigor estas propuestas permitirá reducir el desparrame urbano y sus costos fiscales, sociales y económicos; fortalecerá la situación fiscal y económica de los municipios y reducirá la dependencia fiscal en el gobierno central.

Añadió que permitirá incrementar la inversión privada mediante el desarrollo de vivienda, nuevos comercios y generación de empleos.

Por su parte, William Miranda Marín, alcalde de Caguas, puntualizó que “la revitalización de los centros urbanos es una aspiración con la que conceptualmente todos estamos de acuerdo. Desafortunadamente, este acuerdo no se ha traducido en acciones concretas que hayan encaminado la transformación integral de estas áreas. Para cambiar ese paradigma es necesario conciliar la política pública con la acción, promover con más intensidad iniciativas público privadas, adoptar incentivos y mecanismo creativos y por último pero más importante, soñar y aspirar una ciudad mejor”.

Explicó, además, que bajo el Plan Urbanístico Caguas 20/20, la transformación del Centro Urbano Tradicional contempla la incorporación de nuevas estrategias ambientales para su desarrollo sostenible como la promoción de techos naturados, incentivar el uso de energía renovable, completar el plan de arborización. Asimismo, se ha creado un recinto cultural con centros de entretenimiento como Centro de Bellas Artes, Angel O. Berríos, el Lincoln Center, restaurantes, teatros y actividades culturales y turísticas como la Ruta del Corazón Criollo.

Vía El Vocero